LA PAZ/AGENCIAS

La vocal Celsa Salazar, de la Sala Constitucional de Pando, que ordenó dejar sin efecto la preselección judicial, justificó su decisión y afirmó que está acorde a la norma. Aseguró que el haber sido candidata del MAS a diputada no tiene relación con este caso.

     Salazar fue cuestionada en un contexto donde opositores y “evistas” acusan a los jueces de actuar en colusión con el Gobierno, para favorecerse mutualmente. 

     “Que yo haya tenido alguna situación con el MAS es cuestión diferente, nada relacionado con esta acción popular que se ha presentado”, dijo Salazar en entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL.

     La ahora vocal constitucional fue candidata en 2014 a diputada por el MAS en Chuquisaca, sin embargo, aclaró que en Pando no ha tenido relación con ningún partido político.

     “Si he conocido a la gente del MAS ha sido en Chuquisaca. En el departamento de Pando no he tenido relación con ningún partido político ni organización. Así es que yo pienso que mi decisión es una decisión acorde a la norma”, enfatizó la vocal.

     Aclaró que no es militante del MAS, sino se le ha invitado a ser candidata y ella aceptó. Dijo que las ideas no son estáticas, sino que se cambian.

     Salazar dijo estar consciente de que actuó conforme a la norma y, asimismo, desconoce cuestiones políticas de impedir o no las elecciones judiciales.   

     Explicó que nadie la ha recusado en este caso y, en todo caso, no cambiaba el resultado, porque no era motivo para excusarse. 

Justifica la decisión

     La Sala Constitucional de Pando, integrada por Salazar y Jorge Luis Sotelo, ordenó al Legislativo dejar sin efecto la preselección de candidatos judiciales, bajo el argumento de que el reglamento no favorecía a candidatos indígenas y mujeres como debía hacerlo.

     La decisión se tomó en el marco de una Acción Popular presentado por una dirigente que fue diputada por el MAS, a nombre de una postulante indígena mujer de Pando.   

     La vocal explicó que se ha tomado esa decisión porque en la calificación de postulantes mujeres e indígenas se debía aplicar un criterio de “equidad”, entendida como otorgar más a quien más necesita.

     Argumentó que, por tratados internacionales, se debe proteger los derechos de las mujeres e indígenas, tomando en cuenta la situación de desventaja que han tenido históricamente. 

     “A veces nos encontramos en situaciones de proteger derechos hasta por encima de la ley”, señaló.

     Consultada sobre si no se están vulnerando los derechos de los otros postulantes perjudicados por la suspensión de la preselección, la vocal explicó que sea ponderado los derechos colectivos de mujeres e indígenas sobre los derechos individuales de otros candidatos. (Erbol)