COBIJA/PERLA DEL ACRE 

El Ministerio Público inició las investigaciones contra el juez del Juzgado Público Civil Primero de Cobija, Antonio Peñaranda Mercado, por presunto Uso de Instrumento Falsificado, para emitir un fallo parcializado dentro de un proceso resolución de contrato. Junto a la autoridad judicial también fueron denunciadas tres personas.

     En contacto con Perla del Acre, la fiscal de materia, Jhilma Mora, confirmó el inicio de investigaciones contra cuatro personas en la capital pandina. Con el objetivo de llegar a la verdad histórica de los hechos, se tiene previsto llevar adelante varias actuaciones, como la declaración informativa de los denunciados, recolección de documentos del Tribunal Departamental de Justicia y otras pericias.

     “Actualmente se encuentra en etapa de investigación, se ha requerido al Órgano Judicial copias legalizadas del proceso cuestionado, se han emitido las citaciones para que los denunciados puedan apersonarse a declarar con su defensa, hemos enviado requerimientos a distintas instituciones y conforme a la valoración de los elementos indiciarios se determinará si se realiza la imputación o rechaza”, explicó.

     Según la denuncia ante el Ministerio Público, dentro un proceso civil de disolución de contrato, presuntamente el juez Peñaranda utilizó un documento con datos falsos para emitir una resolución parcializada. La parte afectada observó varias irregularidades, pero la autoridad judicial no dio curso a la objeción.

     Inicialmente la denuncia ingresó al Ministerio Público por presuntos delitos de falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa. Después de un análisis, en la fiscalía fue admitida por uso de instrumento falsificado. En el transcurso de las investigaciones, en caso de existir mayores indicios, podría modificarse o ampliar el tipo penal.

     La parte demandante al juez observa que el avalúo del inmueble, con valor comercial más medio millón de dólares se realizó sin orden judicial, posteriormente el mismo avalúo es modificado por el juez. Consideran qué durante el proceso si el juez permitió un avalúo sin orden judicial, entonces no había determinado plazo, por tanto, la autoridad judicial debió aceptar todos los avalúos, sin embargo, aceptó de los demandantes y rechazó de los demandados.

Antecedentes

     En un proceso judicial de disolución de contrato, con la finalidad de viabilizar la ejecución provisional de la sentencia, la parte demandante propuso y ofreció en calidad de garantía un inmueble ubicado en el barrio La Cruz de Cobija, con superficie de 1.800 mts2 inscrito en Derechos Reales, asimismo acompañan a la solicitud un avalúo técnico elaborado por la arquitecta Verónica María Mérida Quiroga cuyo informe señala que el valor comercial es más de medio millón de dólares ($us 513.263,20) y la superficie es 2.105,10 mts2.

     Los demandados impugnan el avalúo por contener y consignar montos y valores monetarios sobrevaluados, fuera de toda realidad, motivo por el cual acuden inicialmente a dos profesionales, en peritajes y avalúos, para recabar datos reales del valor comercial. El informe de ambos refiere que el precio no supera los 135.000 dólares, sin embargo, no fueron tomados encuenta como referencia por el juez.

     El primer avalúo de fecha 3 de mayo de 2023 elaborado por el arquitecto Wilber Condori Gonzales refiere valor comercial de $us 133.528. El segundo realizado en la misma fecha por la arquitecta Janet Coca Rhú, señala valor del inmueble $us 110.320,00. Ambos avalúos no superan los 135.000 dólares, situación que refleja enorme diferencia con el avalúo de la otra parte, más de medio millón de dólares.

     Con el propósito de fortalecer la teoría de sobrevaluación, el 29 de mayo, los demandados presentan otros tres avalúos con los siguientes datos; el avalúo de fecha 23 de mayo elaborado por el arquitecto Rolando Bolívar Viluyo señala $us 133.960; el informe del arquitecto Oscar Medrano Domínguez tiene el precio de $us 101.106,77, y la quinta valuación -del 22 de mayo- pertenece al arquitecto Gustavo Adolfo Espada Tapia, con valor comercial de 118.220 dólares.

     Los documentos de avalúo del inmueble no fueron tomados encuenta en estrados judiciales, presuntamente porque presentaron en fuera de plazo. Sorpresivamente, el juez Peñaranda, con el argumento de “la sana crítica y basado en su experiencia y realidad”, sin ningún respaldo técnico, decide colocar otro valor comercial al inmueble de 207.000 dólares americanos.

     Esa presunta actitud parcializada del juez causó molestia e indignación en la parte afectada, cuya defensa identificó irregularidades, sin embargo, no fueron atendidas y extrañamente el proceso siguió avanzando.

     Los afectados en el presente caso, señalan que, el juez Antonio Peñaranda haciendo uso y abuso de su condición de autoridad judicial, argumentando “la sana crítica y basado en su experiencia y realidad”, arrogándose de tasador y valuador, sin ningún respaldo técnico y/o peritaje decide colocarle un valor comercial de 207.000 dólares americanos, parcializándose con la otra parte y vulnerando al derecho a la defensa, motivo por el cual realizaron la denuncia ante el Ministerio Público.