COBIJA/PERLA DEL ACRE
Varias personas dedicadas a la reventa de gasolina en Cobija decidieron conformar una asociación y elegir un directorio, con el objetivo de lograr el reconocimiento de autoridades e instituciones, asimismo, evitar los operativos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Fuerzas Armadas, Policía y otras entidades.
Desde la primera semana del presente mes, el Gobierno nacional activó la “Política de control y lucha contra el contrabando de combustibles”, mediante “un paquete de medidas” y contra la proliferación de la venta ilegal de carburantes. A partir de esa nueva disposición, las instituciones del Estado intensificaron operativos en la capital pandina.
Varias personas que se dedican a la reventa de gasolina en distintos barrios de Cobija fueron aprehendidas por el delito Almacenaje y Comercialización Ilegal de Gasolina. La mayoría de los involucrados reconocieron su participación en el ilícito y se sometieron a procedimiento abreviado, fueron sentenciados a tres años de prisión y se beneficiaron con el perdón judicial para recuperar su libertad.
Durante los operativos también secuestraron los productos para la reventa, bidones, mangueras y otros accesorios. Las personas favorecidas con el perdón judicial, en caso de reincidencia estarán obligadas a cumplir la sentencia en la cárcel de Villa Busch.
Toda esa difícil situación obligó a decenas de personas -dedicadas a la reventa de gasolina- a reunirse para conformar una asociación y un directorio con el objetivo de defender al sector y lograr el reconocimiento de las autoridades e instituciones, asimismo, evitar los operativos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Fuerzas Armadas, Policía y otras entidades.
Abraham Duri en condición de presidente y Patricia Limpias vicepresidente, se presentaron –la noche de este jueves- en el programa Amazonía al Día que se difunde en Canal 45, para confirmar la conformación de la Asociación de Revendedores de gasolina. Esta organización tiene el apoyo del presidente del Comité Cívico de Pando, Joiner Calpiñeiro.
“Nosotros nos hemos organizado, somos más de 80 familias, hemos tenido nuestra quinta reunión y ya hemos conformado nuestra mesa directiva, ahora queremos ser reconocidos de manera legítima, hemos acudido a la COD (Central Obrera Departamental) reconoce al sector trabajador asalariado y nosotros no somos asalariados, entonces no encajamos ahí, después nos acercamos al Comité Cívico de Pando y con todo gusto nos recibió. El siguiente paso es llegar a las Fuerzas Armadas, Policía, Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras instancias”, explicó Duri.
Justificó la conformación de su organización, con 80 integrantes, es causa de la profunda crisis económica que atraviesa el departamento y la falta de fuentes laborales, situación que obliga a buscar alternativas de generar recursos para la sobrevivencia de sus familias.
“En Pando el 30% tiene el salario asegurado y el 70% se la busca como sobrevivir, una de esa parte del 70% somos nosotros que nos dedicamos a la reventa de combustible a personas que no tienen documentos adecuados, o actualizados, es por eso que hemos entrado en este rubro. No lo estamos haciendo por locos, nos hemos asesorado bien, nos hemos empapado en el tema jurídico, especialmente en la Ley 100 y es posible una salida”, señaló el representante de los revendedores de gasolina.
Consideran que los operativos de lucha contra el contrabando de combustible no se cumplen en todo el país, al contrario, en algunas regiones permiten la reventa de los carburantes sin inconvenientes, motivo por el cual piden un trato similar a Guayaramerín y Riberalta, del departamento Beni, donde existen organizaciones de revendedores de gasolina.
“Ninguno de nosotros somos asalariados, nosotros no recibimos sueldos, aquí nos están quitando el derecho de llevar el pan de cada día, porque no estamos contrabandeando, contrabandear seria llevar al vecino país, pero aquí lo único que hacemos es vender a los mototaxistas y a la misma población que necesita. Los bancos no nos preguntan de dónde conseguimos la plata, no nos dicen está mal la economía vuelvan otro día, ellos nos cobran el día que tienen que cobrar”, manifestó.
A su turno, el presidente del Comité Cívico de Pando, Joiner Calpiñeiro, comprometió su apoyo a la nueva organización, con el argumento de crisis económica, criticó los operativos de lucha contra el contrabando que realizan distintas instituciones en la capital pandina, advierte con movilizaciones.
“Vamos a apoyar a este tipo de organizaciones, porque son personas que se están organizando para llevar el pan de cada día a sus casas, pedir a las autoridades no les coartemos el derecho al trabajo, quizás vamos hacer hasta una marcha de protesta por el abuso que está cometiendo la ANH, la ley nos ampara, la Ley está por encima del Decreto Supremo, entonces nosotros haremos conocer a las autoridades”, dijo Calpiñeiro.
El Código Penal sanciona con la privación de libertad de tres a seis años a las personas que almacenen o comercialicen carburantes sin autorización, además de la confiscación de motorizados y otros bienes e instrumentos que utilicen para cometer ese delito.