SUCRE/AGENCIAS

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, advirtió este jueves que si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobara leyes para cesar de sus funciones a los magistrados prorrogados habría un “daño incalculable” en contra de la ciudadanía.

     “Realmente el perjuicio es incalculable. La cantidad de procesos comprenden cuando menos a dos partes o sujetos procesales que intervienen y no estamos hablando solo de proceso, hablamos de ciudadanos que esperan una respuesta oportuna de los tribunales”, afirmó Jaimes en conferencia de prensa.

     Jaimes, en ese sentido, afirmó que solo el 2024 el TSj ha recibido 638 causas y aseguró que el cese de magistrados causaría que se detengan procesos como el de trabajadores que esperan el pago de sus beneficios sociales o víctimas de violencia que esperan obtener justicia.

     “(Hay) trabajadores que están pendientes del pago de beneficios sociales, víctimas de delitos contra la vida que esperan justicia, que una resolución dictada en algún tribunal quede ejecutoriada. Estamos hablando de personas que están esperando la devolución de algún pago de dinero o también la devolución de algún inmueble, por lo tanto queremos asegurar que lo primordial es resguardar los derechos y garantías de esas personas que se verían seriamente afectadas reitero por los efectos multiplicadores que tendría aquella posibilidad”, afirmó.

     El Presidente del TSJ, en ese sentido, afirmó que espera que la ALP no actúe en contra de la prórroga de los magistrados y se respete la independencia de poderes.

     “Aguardamos que se cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado en relación a la independencia de poderes, coordinación y cooperación entre órganos del Estado, de tal manera que armónicamente podamos todos garantizar las elecciones judiciales”, aseveró.

     Finalmente y consultado sobre las advertencias de los seguidores de Evo Morale de reactivar sus bloqueos hasta lograr la renuncia de los magistrados, Jaimes recordó que el derecho a la protesta está garantizado, siempre que no afecte el derecho de la ciudadanía. “Todo derecho tiene como limite el derecho de los demás”, acotó.

     Los actuales magistrados debieron fenecer su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, sus mandatos fueron prorrogados por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta que se realicen las elecciones judiciales.

     Entretanto, el acuerdo de la Comisión Bicamaral de la Asamblea Legislativa permitió aprobar y promulgar la Ley de las Elecciones Judiciales, con el compromiso de que a futuro se traten las leyes para cesar el mandato de los magistrados prorrogados y también se aprueben los créditos solicitados por el Gobierno.

     La semana pasada, la sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida después de que los legisladores del ‘ala arcista’ exigieran cumplir el acuerdo y primero aprobar los créditos solicitados por el Gobierno; pero el evismo y la oposición pidieran analizar primero las leyes antiprórroga.