COBIJA/PERLA DEL ACRE
El embarazo de una adolescente de 14 años víctima de violencia sexual -en un municipio del área rural del departamento Pando- fue interrumpido el pasado fin de semana en el hospital Roberto Galindo, de Cobija, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 206/2014.
Familiares en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, realizaron los procedimientos que el caso amerita para solicitar al principal nosocomio de la capital pandina la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una menor de edad que llevaba aproximadamente 12 semanas de gestación.
La situación de la adolescente se descubrió en un municipio rural donde una brigada de salud realizaba una visita rutinaria a una comunidad, que luego de constatar el estado de gestación entró en contacto con la institución defensorial, para que la misma active todos los mecanismos de protección y atención para que la menor pueda acceder a la interrupción del embarazo.
La coordinadora departamental, Cinthya Jordán, informó que luego de la ILE, en cumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014, la adolescente se encuentra en buen estado de salud, ya fue dada de alta del nosocomio pandino, mientras que la Defensoría del Pueblo se encuentra realizando el seguimiento al proceso penal iniciado por la DNA contra el autor del abuso sexual.
Jordán indicó que la información brindada al personal de salud en las capacitaciones realizadas en el plan “Al encuentro con el Pueblo”, fue fundamental para el buen término del caso, ya que la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes en el área rural es generalmente naturalizada, y por eso la importancia que los profesionales e instituciones puedan conocer e identificar estos casos, llevar a los agresores ante la justicia y trabajar en la recuperación de los proyectos de vida de las víctimas.
Interrupción de embarazo
La interrupción de embarazo en Bolivia es legal “bajo condiciones de delitos de carácter sexual” desde 1970, aunque antes se requería una orden judicial para el procedimiento. A partir del fallo constitucional de 2014, se permite la interrupción legal “con la fotocopia simple de la denuncia” y “con el procedimiento informado a la víctima”.
Cuando el embarazo es producto del delito de violación, estupro, incesto, y pone en riesgo la vida y la salud de la mujer (niña, adolescente o joven), la persona encinta puede recurrir a un aborto legal sin grandes complicaciones de trámite.