LA PAZ/PERLA DEL ACRE
El Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es establecer mecanismos para asegurar el pago de la asistencia familiar y restricciones para las personas deudoras, como en el acceso a cargos públicos y trámites, además de condicionamiento en los créditos bancarios.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, explicó que se ha decidido proyectar esta norma al advertir una desnaturalización del pago de asistencia familiar. “Lo que está norma está asegurando es precautelar el derecho a la vida integridad, pero por sobre todo a que se cubran las necesidades básicas de las y los beneficiarios”, dijo.
Señaló que sólo en el primer semestre de 2022 se registró más de 15 mil demandas relacionadas a la asistencia familiar y que, para finales de ese año, había 860 recluidos por el incumplimiento.
Cruz detalló que con esta norma se creará un Registro de Asistencia Familiar, con información de todas y todos los obligados por una resolución judicial al pago, para coadyuvar en la fase de ejecución de fallos.
Las restricciones
La Viceministra detalló las siguientes resorciones para los deudores de asistencia familiar:
-Restricción de acceso a un cargo público de cualquier órgano del Estado, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación,
-En caso de que un servidor tenga un segundo registro de deudor, se dispondrá la retención de sueldos o salarios, mediante decisión de autoridad judicial.
-En caso de intimación de pago en procesos judiciales por cobro de deudas, se considerará al beneficiario de asistencia familiar como acreedor preferente ordenando retenciones de montos adeudados y posterior transferencia de dichos montos.
-Retención del monto adeudado y depósito del monto retenido en la cuenta acreditada, para el pago de asistencia familiar en lo que refiere a los pagos del Sistema Integral de Pensiones y el Sistema de Reparto.
-Suspensión de trámites en cuanto a obligaciones registrales y notariales sobre compraventa de bienes inmuebles o bienes muebles.
-Será requisito para postular a planes, programas y proyectos sociales aprobados y financiados por el Estado.
-Las entidades de intermediación financiera incorporarán dentro de su evaluación crediticia la información de la lista de deudores, para la otorgación de créditos.
-Prohibición en la emisión de pasaportes y salidas del territorio nacional, si la persona tiene un registro vigente en calidad de deudora o deudor de asistencia familiar.
-Imposibilidad de contraer matrimonio hasta el pago de la deuda de asistencia familiar.
Cruz señaló también que el Tribunal Supremo de Justicia, al inicio del año judicial, emitirá parámetros para la fijación de asistencia familiar, considerando que la misma debe ser en el marco del costo de vida actual, de una debida compulsa de las necesidades de los habilitados para reclamarla y de las posibilidades del obligado para otorgarla.
En el caso del sector privado, señaló que también se podrá acceder a datos del Ministerio de Trabajo, para que las autoridades judiciales puedan iniciar los procesos de ejecución, liquidación, retención y embargo de una forma de forma más oficiosa.
El proyecto ya fue entregado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, agregó.