LA PAZ/AGENCIAS
Las universidades del sistema público se reunieron con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para negociar dos “asignaciones extraordinarias” de recursos económicos para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y el aguinaldo de este año.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, informó a la conclusión de la extensa reunión de todos los rectores de las universidades con el Ministro de Economía que “se sentaron las bases para una buena negociación porque se repite un soporte extraordinario que nos dieron el año pasado”.
Por su parte, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Oscar Heredia, añadió que la solicitud de la asignación extraordinaria es para cubrir los meses de septiembre y octubre, pero para concluir el año se buscaría otro soporte.
“Noviembre y diciembre y aguinaldo hay que ver una asignación extraordinaria adicional a esta, sumada a esta”, declaró la autoridad universitaria, al aclarar que en dicho encuentro no hablaron del Impuesto Directo a los Hidrocarburos ni de la coparticipación y tampoco de la asignación ordinaria.
“No es que las universidades tengan solucionados sus problemas”, añadió Heredia. El planteamiento de las universidades es que el soporte extraordinario se consolide como un soporte ordinario, pero esa decisión no depende del Ministerio de Economía, sino de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Mientras que el Ministerio de Economía informó a través de un mensaje a través de sus redes sociales que suscribieron un acuerdo para tratar las demandas de las casas superiores de estudios.
“Entre los acuerdos, destaca la conformación de mesas técnicas de negociación por universidad para la asignación de recursos extraordinarios”. Además para la revisión de cumplimiento de los Convenios de Desempeño Institucional Financiero, que apunta a gestionar de mejor forma los recursos de cada universidad.
Cuellar añadió que, en una de las Conferencias de las universidades, la UAGRM propuso dos proyectos de ley, uno de ellos para que les devuelvan el 12,5% “qué nos confiscaron del IDH bajo el pretexto de exploración de hidrocarburos que no se hizo”; y el segundo para que las universidades y municipios coparticipen de las notas de crédito fiscal.