COBIJA/PERLA DEL ACRE
Después de más de tres horas de audiencia cautelar, un juez del Distrito Judicial de Pando ordenó -este jueves- la detención preventiva en la cárcel de Villa Busch para Luis Marcelo Blacutt y Jairo Edson Vallejos, imputados por delitos electorales y otros en el municipio de Nueva Esperanza.
El martes 9 de marzo, Blacutt y Vallejos fueron aprendidos en Nueva Esperanza y trasladados a Riberalta (Beni). Al día siguiente, remitidos hasta la ciudad de Cobija, donde el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, realizó la presentación ante los medios de comunicación, como los principales incitadores de los actos violentos -de un grupo de personas- que acabó con la quema de ánforas, en rechazo a los resultados de las elecciones subnacionales del 7 de marzo.
De acuerdo a los antecedentes y tras la toma de declaraciones a los aprehendidos, el Ministerio Público determinó la imputación por presuntos delitos: Privación de Libertad, Asociación Delictuosa, Delitos Electorales (asalto o destrucción de ánforas, obstaculización de procesos electorales) y otros. Solicitó a la autoridad jurisdiccional la detención preventiva en la cárcel de Villa Busch.
La audiencia de medida cautelar se desarrolló la tarde de este jueves por más de tres horas. Un grupo de personas realizaron su protesta en el frontis del Tribunal de Justicia contra la detención al que calificaron de política, exigen la liberación Blacutt y Vallejos. La autoridad judicial ordenó la detención preventiva en la cárcel de Villa Busch, por el lapso de 30 días, mientras se realicen los actos investigativos.
Al margen de los dos imputados, también fueron identificados Armando O. C., Alcira Ch. F., Carmen Rosa A. Ch., Roberto J. R., Jhonny Ramiro R. C., Guido C. A. y otros involucrados que actualmente se encuentran prófugos de la justicia.
Gobierno advierte con drástica sanción
En conferencia de prensa, realizado el miércoles 10 de marzo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que los aprehendidos serían los incitadores, financiadores de la agresión a autoridades electorales y efectivos policiales, además de las amenazas a la alcaldesa electa.
“Nosotros tenemos la misión de garantizar que se respete el derecho al voto de todos y cada uno de los ciudadanos en cualquier parte de nuestro territorio y cualquier conducta antidemocrática será sancionada con todo el peso de la ley”, manifestó del Castillo.
La autoridad lamentó que grupos violentos que desconocen el voto a favor de autoridades electas de los últimos comicios electorales, ejerzan presión e incurran en delitos electorales y advirtió que todos estos hechos, y similares en otras regiones del país, serán sancionados como corresponden.
Recalcó que el Gobierno no permitirá acciones que atenten contra la democracia como las suscitadas en octubre de 2019.
“A estas personas que han quemado ánforas, han secuestrado funcionarios, van a caerles todo el peso de la ley aquí en el departamento de Pando, en Santa Cruz y en cualquier otro departamento donde quieran afectar nuestra democracia. No vamos a permitir que vuelva a suceder los que ha sucedido el 2019”, enfatizó.