COBIJA/PERLA DEL ACRE
La Universidad Amazónica de Pando (UAP) a través de sus estamentos -docente, estudiantil y administrativos- se declaró en estado de emergencia por el déficit presupuestario de 11 millones de bolivianos.
En conferencia de prensa, realizado el 1 de septiembre, el Honorable Consejo Universitario (HCU) a través de su Co-Gobierno docente-estudiantil anunció a la comunidad universitaria y población en general el estado de déficit presupuestario y financiero, lo que pone en riesgo el pago de salarios de docentes y administrativos.
El Pliego Petitorio exige al gobierno central atienda el déficit presupuestario y financiero que está atravesando la UAP para cumplir con el pago de salarios de docentes y administrativos del área urbana y rural, que a la fecha supera los Bs 11 millones, correspondientes a la gestión 2020.
También pide el incremento de recursos de subvención ordinaria para el financiamiento de las carreras, garantizar la sostenibilidad de las mismas y la estabilidad docente.
Exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional que proceda a la derogación del Parágrafo 2 del Artículo 5 de la Ley Financial 1267, que impide la inscripción de la partida 12100 (personal eventual), pues dificulta la asignación de recursos para la cancelación de haberes a los docentes y personal administrativo de las áreas académicas, con recursos de subvención ordinaria.
Se solicita la aprobación inmediata del proyecto de Ley que autoriza de manera excepcional a las entidades territoriales autónomas el uso de recursos IDH para gastos de funcionamiento, proyecto que se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores.
La UAP rechaza de manera contundente, la rebaja del 28% al techo presupuestario asignado para la gestión 2021 en los recursos de coparticipación tributaria.
La Casa Superior de Estudios por intermedio de la Federación Universitaria Local (FUL), la Federación Universitaria de Docentes (FUD) y el Sindicato de Trabajadores Administrativos Universitarios; se declararon en estado de emergencia, y dan un plazo de 72 horas para que el Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional atiendan el Pliego Petitorio.
De no ser atendidas las peticiones mencionadas, advierten con iniciar medidas de presión y movilizaciones permanentes y en forma escalonada, que van desde huelga de hambre, a nivel regional y nacional, bloqueos de carreteras y marchas permanentes.