COBIJA/PERLA DEL ACRE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Reglamento de Faltas y Sanciones para precautelar la correcta aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes y normas que regulan la actividad y el proceso electoral en todas sus etapas.
El reglamento determina las faltas electorales, las sanciones correspondientes y los procedimientos a aplicar durante los procesos electorales, antes, durante y después de la jornada de votación.
Asimismo, establece que el TSE, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y los Jueces Electorales como máximas autoridades deben prever y garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral y el respeto a los derechos políticos en el marco de la CPE y las leyes.
El documento identifica las responsabilidades de los miembros del Jurado Electoral, Notarios Electorales, servidores públicos, funcionarios de entidades financieras públicas y privadas, partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
La norma califica faltas leves, graves y muy graves, y las sanciones en cada caso dependiendo de la gravedad y el protagonista de la misma, que van desde servicio comunitario, multas en porcentaje al salario mínimo nacional, arresto de 8 horas, entre otras.
También determina las acciones directas de los ciudadanos que identifiquen hechos que vulneren la norma en flagrancia y con ayuda de la fuerza pública se toman acciones preventivas e inmediatas. Por otro lado, establece procedimientos común y especial para llevar adelante una investigación que determinará las sanciones si el caso lo amerita.
La norma incorpora un capítulo especial, que sanciona hechos de violencia y acoso político, precautelando los derechos políticos y ciudadanos de mujeres durante y después del proceso electoral. Incluye 16 faltas graves y una falta muy grave relacionadas con la vulneración del derecho a la participación política de las mujeres.
El reglamento busca también el respeto a la paridad y alternancia, establecidos en la carta magna y las leyes que rigen los procesos electorales, sentando precedente para que las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas se apeguen a la norma.