COBIJA/PERLA DEL ACRE
Efectivos de Radio Patrullas interceptaron un vehículo oficial de la Gobernación de Pando que era conducido por un niño de 10 años. El progenitor, en aparente estado de ebriedad, delegó la responsabilidad de guardar el motorizado al menor de edad, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Óscar Ruiz.
El hecho se suscitó el sábado 16 de noviembre en la avenida Pando, en inmediaciones de la rotonda del barrio Nazaria, de la ciudad de Cobija, al promediar las 22:30 horas.
Efectivos de Radio Patrullas 110 se percataron de un vehículo oficial, de color verde, conducido por un menor de edad, el mismo fue interceptado y llevado a instancias policiales para su custodia.
“El niño alegó que estaba llevando el motorizado hasta su domicilio siendo que su padre se encontraba en estado de ebriedad. El progenitor fue identificado como conductor responsable del vehículo oficial por lo que se le inicio un proceso por uso indebido de bienes del Estado”, explicó la autoridad policial.
El caso fue derivado y puesto a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que siga el camino legal correspondiente. A la fecha, el vehículo de la Gobernación de Pando se encuentra en calidad de secuestrado.
Sorprendido por el mal uso de un vehículo oficial, el diputado Sergio Maniguary, exige al Ministerio Público investigar y sancionar al chofer responsable y lamentó que el motorizado de uso oficial sea utilizado para fines personales y fuera de horarios de trabajo.
MINISTERIO PÚBLICO INICIA PROCESO
El Ministerio Público, mediante la Unidad Anticorrupción, aperturó una investigación por presunto delito “Uso Indebido de Bienes del Estado” contra la persona encargada del vehículo oficial, asimismo, solicitará los informes pertinentes a las autoridades del gobierno departamental.
La Ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz señala que “la servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”.