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Juez se inventa el precio de un inmueble para emitir fallo parcializado

COBIJA/PERLA DEL ACRE 

Vulnerando el debido proceso y la objetividad, un juez del Distrito Judicial de Pando se inventó el precio de un inmueble para luego emitir un fallo parcializado, dentro de un proceso de resolución de contrato. La parte afectada observó varias irregularidades, pero el operador de justicia no dio curso a la objeción.

     En contacto con Perla del Acre, la exsenadora y actual representante nacional de Control Social, Norah Montero, denunció al juez del Juzgado Público Civil Primero de la Capital, Antonio Peñaranda Mercado, por presuntos actos de corrupción, al emitir resoluciones contrarias a la ley. Anuncia la llegada, en los siguientes días, de una comisión de juristas para la fiscalización del presente caso y otros que tienen serios indicios de actos ilegales.

     Montero detalló que en audiencia virtual realizada el pasado 28 de abril, el juez Peñaranda -de manera arbitraria- decidió colocarle el valor comercial a un bien inmueble, 242.086,5 dólares americanos, sin ningún respaldo técnico o peritaje, simplemente por una corazonada, con el argumento “apelando a la sana crítica y basado en la experiencia y realidad”, seguidamente emitió el fallo a favor de los demandantes, dejando de lado el reclamo de los demandados.

     Esa actitud judicial causó molestia e indignación en la parte afectada, cuya defensa identificó varias irregularidades, sin embargo, no fueron atendidas y extrañamente el proceso siguió avanzando.

     El cuestionado inmueble -un terreno con dos cuartos de madera- está ubicado en el barrio La Cruz de Cobija, según el Folio Real tiene una superficie de 1.800 mts2. El 27 de marzo, los demandantes presentan un avalúo elaborado por la arquitecta Verónica M.M.Q. cuyo informe señala que tiene un valor comercial de más de medio millón de dólares ($us 513.263,20) y la superficie es de 2.105,10 mts2.

     El avalúo es impugnado y observado mediante memorial de fecha 17 de abril de 2023, por la parte demandada, argumentando que los montos y valores monetarios están inflados, sobrevaluados, además con gravámenes vigentes. Solicitan otro peritaje o avalúo, la misma no es aceptada. El juez afirma que la arquitecta es una profesional muy conocida en el departamento y con varios años de servicio.

     Disconformes con el punto de vista de la autoridad judicial y ante los indicios de irregularidades y sobrevaluación del inmueble, la parte afectada acude a cinco profesionales especializados en la materia –por separado- para recabar datos reales del valor comercial del inmueble.

     El primer avalúo refiere que el valor comercial es de $us 133.528; el segundo $us 110.320; la tercera $us 133.060; la cuarta valoración $us 101.106 y la quinta $us 118.200, contradiciendo por completo el informe de los demandantes que mediante la arquitecta Verónica M.M.Q. establece que el inmueble tiene un valor comercial de más de medio millón de dólares ($us 513.263,20).

     Montero asegura que las irregularidades en el presente proceso y los resultados de los cinco avalúos fueron presentados ante la autoridad jurisdiccional, sin embargo, no tomaron encuenta.

     Los afectados en el presente caso, señalan que, el juez Antonio Peñaranda haciendo uso y abuso de su condición de autoridad judicial, argumentando “la sana crítica y basado en su experiencia y realidad”, arrogándose de tasador y valuador, sin ningún respaldo técnico y/o peritaje decide colocarle un valor comercial de 207.000 dólares americanos, parcializándose con la otra parte y vulnerando al derecho a la defensa, motivo por el cual anuncian acciones legales.

     “No es posible que el juez Peñaranda actúe de esa forma prepotente, autoritaria, parcializada. Estas actitudes hacen quedar mal a toda la institución, nos hace pensar que algunos jueces están envueltos en actos de corrupción, consorcios, negociados y tantas cosas chuecas (…) es la triste realidad, por eso como parte de control social nacional, me he comunicado con la directiva y en los siguientes días llegará al departamento una comisión para solicitar informes de varios procesos judiciales y denunciaremos con nombre y apellido de los operadores de justicia que estén implicados en actos irregulares”, enfatizó la exsenadora.

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