LA PAZ/AGENCIAS

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que el trámite para la autorización y registro de vidrios polarizados estará habilitado hasta el 15 de octubre, porque a partir de esa fecha la Policía Boliviana comenzará con el control y retiro del material en vehículos que no cuenten con la roseta y aplicará sanciones.

     En cumplimento del Decreto Supremo (DS) 4740, que regula la autorización y registro para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos, es posible solicitar la autorización por tema de salud, por orden judicial, entre otros.

     “El trámite es digital, llenando el formulario en la página (https://estadodigital.mingobierno.gob.bo/revipol/), solo la verificación y la revisión de la documentación original es presencial”, informó.

     Los plazos establecidos por el reglamento establecen que el trámite para la obtención de la autorización y registro se puede realizar hasta el 15 de octubre, y que a partir de esta fecha la Policía Boliviana comenzará con los controles respectivos y retiro de material polarizado.

     “A partir del 15 de octubre, que es el plazo para que la población pueda regularizar su situación solicitando su autorización, registro, o en su defecto el retiro de las láminas de sus vehículos, porque a partir de esa fecha la Policía Boliviana iniciará con los controles y emisión de multas”, culminó Ríos.

     El DS establece que para la circulación de vehículos con vidrios oscurecidos (de fábrica), o polarizados, se debe contar con una autorización del Ministerio de Gobierno, a través del viceministerio de Seguridad Ciudadana.

     Entre los motorizados que podrían usar vidrios oscuros están: Ambulancias, vehículos de organismos internacionales y todo aquel que cuente con placa diplomática legalmente acreditada.

     También están incluidos los vehículos oficiales y particulares del presidente y vicepresidente del Estado, ministros, autoridades legislativas y regionales.

     Asimismo, los que tengan vidrios oscuros de fábrica, que tengan orden judicial que investiguen casos de violencia, y los que son usados para la lucha contra el contrabando, crimen y narcotráfico.