LA PAZ/AGENCIAS

El Gobierno nacional rechazó el avasallamiento de tierras en el país y pidió a las autoridades competentes que se investigue ese ilícito y se sancione a los responsables, informó este lunes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

     “Llamamos a las autoridades, como corresponde, a que se realice la investigación, se dé con los responsables y que, por supuesto, paguen por los delitos correspondientes quienes están actuando en relación a estos delitos”, dijo la autoridad en contacto con PAT.

     La autoridad gubernamental enfatizó que el presidente Luis Arce Catacora fue “bastante claro” en varios de sus discursos”, respecto a las tomas ilegales de tierras y grupos delincuenciales que cometen estas acciones.

     La posición del Gobierno nacional es coordinada con las organizaciones sociales del país, que también rechazan cualquier tipo de actividad delincuencial respecto al tema tierras, remarcó Prada. 

     En septiembre de este año, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó que no se tolerará avasallamientos en tierras privadas o fiscales y anunció un plan de desalojo.

     El avasallamiento de tierra es un delito que está tipificado en la Ley 477, que establece que quien ocupe de manera violenta o de otra forma tierras privadas o fiscales tendrá una sanción de tres a ocho años de cárcel.

     Cuando el avasallamiento es en manchas urbanas, la competencia es de los gobiernos autónomos municipales; pero cuando es en tierras tituladas corresponde denunciar ante los juzgados agroambientales o el Ministerio Público.

     En Bolivia el 89% de las tierras ya están tituladas y son los propietarios quienes deben accionar ante avasallamientos, el restante 11% son predios en los que aún no se concluyó el proceso de saneamiento.