LA PAZ/AGENCIAS

Con apoyo de la Policía y Fuerzas Armadas, el Gobierno activó la “Política de control y lucha contra el contrabando de combustibles”, que establece “un paquete de medidas” en contra ese flagelo y la proliferación del mercado de carburantes.

     La política de Estado fue oficializada este jueves por los ministros de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; de Defensa, Edmundo Novillo; el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, entre otras autoridades, en la Casa Grande del pueblo.

     “El objetivo de esta política es garantizar la transparencia, luchar contra la corrupción y el contrabando y resguardar nuestra seguridad energética”, informó el Ministro de Hidrocarburos y Energías.

     Explicó que esta política implica una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta al consumidor final de combustibles y de este modo generar un ahorro al Estado de aproximadamente $us 1.000 millones al año.

     “Este primer paquete de medidas tiene como objetivo el ahorro de alrededor de 250 millones de dólares que cada año se destinan a distintas actividades ilícitas (…) como el contrabando, la fuga de combustibles, que sale de nuestro país y que está desangrando la economía de los bolivianos”, señaló.

     Estas medidas no afectan de ninguna manera a los ciudadanos ni a ninguna actividad lícita, por el contrario, garantizará el abastecimiento, precio y calidad del servicio de venta de combustibles en el territorio nacional.

     Desde el sector energético, la política se implementa a través de dos brazos operativos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías: el control en la venta de combustibles en las fronteras y en el mercado interno por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y, por otro lado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mediante la planificación en inversiones para exploración y explotación de hidrocarburos líquidos, además de la optimización de costos en la importación de combustibles y la sustitución de diésel fósil por biodiésel y HVO (aceite vegetal hidrotratado) para garantizar el suministro de carburantes.

     Las acciones ejecutadas hasta ahora para evitar el contrabando y desvío de combustibles no alcanzaron los resultados esperados. Por ello, el Gobierno nacional activa medidas que harán más efectivo el control a la venta de combustibles e incorpora correcciones a la normativa anterior que, por su ambigüedad, favorecía al mercado negro.

     Para corregir esta debilidad, el presidente Arce tomó la decisión de establecer severos mecanismos de control a la venta de combustibles en los surtidores de todo el territorio nacional mediante la promulgación del Decreto Supremo 4910, que fortalece la lucha contra el mercado negro de venta de combustibles que alimenta al narcotráfico, la minería ilegal y actividades ilícitas.