COBIJA/PERLA DEL ACRE
El Ministerio Publico realizó la imputación por el delito Obstaculización de Procesos Electorales contra cinco personas que encabezaron protestas para impedir el cómputo de votos en la comunidad El Carmen del municipio Santa Rosa del Abuna, el 7 de marzo de 2021 durante las Elecciones Subnacionales.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Marco Antonio Salgado, confirmó la imputación y solicita la detención preventiva en la cárcel de Villa Busch en contra de Herlado A.B., Fabiola B.J., Katherine C.C., Nelba C.C. y Denise S.G. La autoridad jurisdiccional programó la audiencia de medida cautelar para la siguiente semana.
De acuerdo al desarrollo de las investigaciones con relación a Delitos Electorales denunciado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, los imputados fueron plenamente identificados, mediante desfiles identificativos, reconstrucción del hecho, declaración de jurados electorales, funcionarios del Órgano Electoral, testigos y varias actuaciones.
“Se ha llegado a identificar a los responsables que habrían obstaculizado el cómputo de votos en la comunidad de Villa El Carmen del municipio Santa Rosa del Abuná, el domingo 7 de marzo de 2021 en las Elecciones Subnacionales, a raíz de ese actuar el Tribunal Electoral ha tenido que repetir la votación en la mencionada población”, explicó Salgado.
La declaración de testigos corrobora que en las movilizaciones participaron varias personas de la comunidad, pero los principales instigadores o cabecillas son los ahora procesados, al extremo de retener el material electoral después de cinco días fue devuelto al Órgano Electoral, situación que obligó al TED Pando a repetir la votación.
Obstaculización de Proceso Electoral
Sobre la Obstaculización de Procesos Electorales, el artículo 238 inciso H de la Ley de Régimen Electoral 026 refiere: “La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años”.