COBIJA/PERLA DEL ACRE

El Ministerio Público imputó al exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Pando, Braulio Coarite Quispe y al extécnico Daul Cruz Franco, por presuntos delitos de ‘falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes’. De manera irregular, otorgaron certificaciones de dotación de tierras fiscales no disponibles a cambio de recursos económicos.

     En contacto con Perla del Acre, el Fiscal Departamental de Pando, Marco Antonio Peñaranda, informó que el Ministerio Público lleva adelante dos procesos donde están involucradas cinco personas, entre ellos dos exfuncionarios del INRA. La investigación preliminar revela que existen varias víctimas, no se descarta la complicidad de otros servidores de la institución.

     Una denuncia que surgió inicialmente contra avasalladores en un punto del municipio Filadelfia, sorpresivamente fue develando una serie de irregularidades, hasta involucrar al exdirector Coarite, y al extécnico del área distribución de tierras, Cruz. Presuntamente ambos emitieron -de forma ilegal- certificaciones de tierras fiscales no disponibles a cambio de beneficiarse con montos económicos.

     La Fiscal de Materia, Jhilma Mora, en coordinación con un equipo de investigadores, realizó varias actuaciones, entre ellos la declaración informativa de los denunciados, la inspección a oficinas del INRA Pando, allanamientos a domicilios de exfuncionarios y otras personas involucradas, secuestro de equipos de computación y otras pericias, con el objetivo de llegar a la verdad histórica de los hechos.

     “Iniciado el proceso investigativo con referencia a documentaciones emitidas por el INRA se han recabado varios elementos hasta la fecha y se tiene apeturado dos procesos, en un caso están imputados exfuncionarios del INRA y una persona particular. Aún faltan realizar más actos investigativos a efectos de poder obtener una resolución conclusiva (…) no se trata de un solo caso, al contrario, son varias certificaciones que se han emitido de manera irregular, en distintos municipios”, señaló Mora.

     Tras detectar las irregularidades, el Ministerio Público imputó al exdirector del INRA de Pando, Braulio Coarite Quispe, y al extécnico del área de distribución de tierras, Daul Cruz Franco, por presuntos delitos de ‘falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes’. En la audiencia de medidas cautelares se solicitará, a la autoridad jurisdiccional, la detención preventiva en la cárcel de Villa Busch.

     Entretanto, Franulit G.V. beneficiario de la certificación ilegal, fue imputado por ‘falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado’. La investigación preliminar revela que existen más víctimas, no se descarta la complicidad de otros servidores de la institución. Será fundamental las pericias a los equipos secuestrados para determinar si existen más elementos y otras personas implicadas.

Antecedentes

     Según el expediente, el 29 de agosto de 2022, a oficinas del INRA Pando ingresó una solicitud de adjudicación de tierras fiscales no disponibles, de la comunidad 7 de Agosto, ubicado en el municipio de Filadelfia. La institución rechazó el pedido de los comunarios, respaldado con un informe técnico, sin embargo, semanas después, los mismos funcionarios -asumiendo atribuciones que no les competen- otorgaron certificación ilegal para el asentamiento, con firma y sello del director.

     El 22 de diciembre de 2022, Luciano M. V. llega a oficinas del INRA para sentar una denuncia de avasallamiento en su predio, Barraca Lisboa, en el municipio de Filadelfia. El afectado pide la inmediata inspección e intervención de la entidad estatal, no obstante, los servidores públicos exigieron cierta cantidad de dinero para trasladarse hasta la zona de conflicto.

     Asimismo, el dueño de la barraca adjunta un documento que los avasalladores tenían de respaldo, la certificación CERT-UATF N° 004/2022, donde refiere que conforme a informe técnico legal N° 041/2022, de fecha 22 de septiembre de 2022, la comunidad 7 de Agosto se encuentra en proceso de dotación. Resolución contraria al primer documento que rechazaba la solicitud.

     El 29 de diciembre de 2022 una comisión del INRA se constituye hasta la zona del avasallamiento, donde se constató que el denunciado, Franulit G.V. presidente de la comunidad 7 de Agosto, tenía documentación otorgada por la entidad. El dirigente reveló que se obtuvo mediante funcionarios del INRA Pando, con firma y sello original.

     “El señor Franulit a sabiendas que recibió un informe de negativa del INRA, mediante un acuerdo interno con algunos funcionarios logra una certificación de forma ilegal, la emisión de plano del área fiscal disponible y plano georeferencial. (…) Se tiene información que la persona afectada de avasallamiento, solicitó constituirse al punto del conflicto, entonces, los ahora exfuncionarios le pidieron determinada cantidad de dinero mediante depósitos a la cuenta bancaria del técnico”, explicó la fiscal de materia.

     De acuerdo al manual de funciones del INRA, el proceso de dotación de tierras es estrictamente de carácter nacional, sin embargo, haciendo mala praxis, extrañamente en la regional Pando se emitieron certificaciones de forma ilegal, causando afectación a terceras personas y generando conflicto por avasallamientos.