COHCABAMBA/AGENCIAS

Durante la 1ra Cumbre Nacional de Mujeres Autoridades y Liderezas Políticas que se desarrolla en la ciudad de Cochabamba, la Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), identificaron el incremento en 8% de los índices de casos de acoso y violencia política en Bolivia entre 2022 y 2023.

     El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que ambas entidades unificaron algunos datos y concluyeron que desde la gestión 2018 a junio 2023 se registraron 600 casos de acoso y violencia política.

     Explicó que existen 500 denuncias de acoso y violencia política en el Ministerio Público, pero solo tres, de estos casos, tienen sentencia y, a modo de reflexión, señaló que “los efectos y resultados de la aplicación de la Constitución y la normativa probablemente aún son débiles”.

     Por ese motivo, en presencia de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia, Nelly Arista Quispe, Tahuichi Tahuichi, y la presidenta de Acobol, Josefina Velásquez, entre otras autoridades, reiteró la importancia de evaluar la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

     Recordó que la Defensoría del Pueblo publicó hace un mes el informe defensorial “Obligadas a renunciar”, que evidencia el uso de recursos como los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC) como nueva modalidad de acoso y violencia política, además, visibiliza como las mujeres autoridades son privadas de sus salarios, o son víctimas del uso de poderes notariales para hacer que renuncien a sus cargos.

     En el objetivo de prevenir el acoso y violencia política en los municipios, junto a ACOBOL se suscribieron 152 convenios con los gobiernos municipales para fortalecer la capacidad de atención de casos; se impartieron talleres en 106 municipios para promover la protección a las víctimas; y en 84 gobiernos municipales, se gestionó la implementación y fortalecimiento de equipos de grabación de audio y video.

     Igualmente se impulsó la elaboración y puesta en vigencia de reglamentos y comisiones de ética en 172 gobiernos municipales. Todos estos resultados se constituyen la base para que las instituciones y autoridades del Estado aporten al trabajo conjunto para evitar que repliquen más casos de acoso y violencia política contra mujeres autoridades electas.