LA PAZ/AGENCIAS.- La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente el secuestro, agresión y tortura causados a un periodista en la ciudad de El Alto, mientras realizaba labores de investigación periodística, según la denuncia pública realizada por la Confederación Nacional de la Prensa.
Mediante un pronunciamiento difundido este domingo, señala que estos hechos constituyen una grave vulneración a la integridad personal y a la dignidad humana, y atentan directamente contra la libertad de expresión y de prensa, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y por instrumentos internacionales de derechos humanos. La violencia contra periodistas no solo afecta a la víctima directa, sino que genera un efecto amedrentador que compromete el derecho de la sociedad a recibir información.
La Defensoría del Pueblo recuerda que, conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar con debida diligencia y sancionar los actos de violencia contra periodistas, así como de adoptar medidas efectivas de protección cuando existan riesgos.
En ese marco, se exhorta a la Policía Boliviana y al Ministerio Público a llevar adelante una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, garantizando el debido proceso, e implementar medidas de protección para la víctima y otros trabajadores de la prensa que pudieran encontrarse en situación de riesgo.
La Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento correspondiente para que este grave hecho no quede en la impunidad y se garantice el ejercicio libre y seguro de la labor periodística.